Dos refranes populares que se contraponen entre sí, dan la pauta para el tema de hoy: “El miedo no anda en burro” y “El que nada debe, nada teme”.
Luego del escabroso inicio de año, cuando el 3 de enero fuerzas militares estadounidenses entraran a Venezuela a atrapar a Nicolás Maduro, las reacciones en México no se hicieron esperar. Opiniones encontradas, pero, sobre todo: miedo.
La postura del presidente Donald Trump, que sugiere acciones directas contra los cárteles mexicanos, provocó incomodidad, molestia y, en algunos, un nerviosismo mal disimulado. Sobre todo, en la clase política oficial, donde el discurso de soberanía parece chocar con una realidad nacional vigente: el Estado mexicano ha perdido amplias zonas de control frente al crimen organizado.
El sexenio de López Obrador marcó un punto de quiebre. Bajo la consigna de “abrazos, no balazos”, se abandonó la lucha directa contra los grupos criminales, apostando a una estrategia que, en la práctica, permitió que esas organizaciones se expandieran, se rearmaran y consolidaran estructuras más sofisticadas.
Hoy no solo trafican drogas, también administran territorios, imponen reglas y cobran impuestos informales que comparten con funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes hacen cómo que no ven nada.
Hablar de cifras oficiales resulta inútil cuando la realidad se mide en historias cotidianas. Comerciantes obligados a pagar cuotas para trabajar. Familias que venden lo poco que tienen para rescatar a un hijo secuestrado. Madres que entierran a jóvenes asesinados por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Es la estadística que no aparece en informes, pero que define al país.
Los políticos que rechazan cualquier forma de intervención extranjera, suelen hacerlo desde la comodidad del discurso. No han caminado por las calles donde manda el halcón y no la policía. No han hablado con los empresarios que cerraron sus negocios porque la extorsión los dejó sin margen. No han visto cómo pueblos enteros se vacían por miedo, mientras el Estado se limita a observar.
La pregunta, entonces, no es si Estados Unidos tiene derecho a intervenir. La pregunta es por qué México llegó a un punto donde esa discusión resulta hasta ridícula. Cuando un gobierno pierde la capacidad de proteger a su población, de garantizar el libre tránsito, de asegurar que trabajar no sea una actividad de alto riesgo, algo está profundamente roto.
Defender la soberanía no puede ser sinónimo de tolerar el dominio criminal. La dignidad nacional no se protege con discursos, se protege con resultados. Y esos resultados, hoy están ausentes. Tal vez el debate real no sea sobre la intervención extranjera, sino sobre la incapacidad interna que la hace imaginable.
Comentarios