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EDITORIAL

El 3 de diciembre se destinó como fecha para rendir conciencia, respeto y tributo a las personas con alguna discapacidad. Un tema sensible, ya que las personas con discapacidad en México se encuentran, en muchos casos, fuera de las políticas públicas debido a una falta de planeación efectiva y a las barreras que dificultan el acceso a servicios esenciales como educación, empleo y accesibilidad.

 

Estas barreras se manifiestan en la falta de infraestructura inclusiva, obstáculos en el transporte público, problemas de comunicación y discriminación. Aunque existen leyes y convenciones internacionales que obligan a tomar medidas a favor de este sector, la falta de programas integrales y de políticas públicas que aborden sus necesidades específicas, limita su participación plena en la sociedad.

 

Aunque en teoría existen algunas pocas políticas, a menudo hay una falta de implementación integral de los programas y una falta de consulta efectiva con las personas directamente afectadas. La falta de acceso a servicios básicos y de una infraestructura inclusiva, (calles, transporte, edificios), contribuye a la marginación social. Con todo esto, se vulneran derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la educación y la participación social y política.

 

A su favor se puede decir que hay escuelas de educación especial cuya función es atender de manera especial a los niños que integran este sector, que incluye: pequeños con limitaciones motrices, visuales, auditivas, síndrome de Down, autismo, dislexia, asperger, etc. Asimismo, actualmente uno de los programas sociales del gobierno federal, otorga un apoyo económico a este grupo. Pero, según quejas, los requisitos no están bien definidos y dichas pensiones aún no llegan ni al millón de personas, meta que se pusieron a inicios de esta administración.

 

Según los datos más recientes del INEGI, se estima que hay 8.8 millones de personas con alguna discapacidad en México. Es decir, el 7.2 % declaró tener discapacidad; 4.7 millones (53.5 %) son mujeres y 4.1 millones (46.5 %), hombres.

 

Las personas con discapacidad enfrentan una limitada creación de políticas públicas a su favor y a la implementación de acciones. Un ejemplo claro, es la administración municipal de Coatepec, que en cuatro años no ha podido o no ha tenido la voluntad de reparar el elevador del palacio. Asimismo, las rampas de las calles construidas en este periodo están fuera de norma, por lo tanto, inservibles.

 

Las personas con alguna limitación física o mental, son seres humanos con derechos y merecen una vida plena y con acceso a todos los servicios y beneficios.

 

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