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EDITORIAL

Hasta hace algunos años, antes de la 4T, la ortodoxia política marcaba claramente que, cuando un funcionario o servidor público, cometía un error que desprestigiara al gobierno del cual formaba parte, casi era inminente su remoción, renuncia, cambio inmediato o despido, según la gravedad del tema. Por eso le temían tanto a los “periodicazos”, por eso cuidaban la imagen y, en consecuencia, trabajaban.

 

Actualmente, con la llegada de los gobiernos de Morena, pareciera competencia de ineptitudes y solapamiento de incapaces. Esto, en referencia a que la gobernadora ha declarado abiertamente que no hará cambios en la Secretaria de Protección Civil estatal, a pesar de las omisiones, de las nulas acciones y a pesar de los muertos.

 

Hay que ver lo que dice la norma: “El Servidor Público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de la reacción laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios. Está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Los Servidores Públicos únicamente pueden hacer aquello que expresamente les faculta la Ley”.

 

El incumplimiento o desacato de las obligaciones anteriores podrá tener como consecuencia las siguientes sanciones: Amonestación privada o pública; Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; Destitución del puesto; Sanción económica, e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

 

La contravención a esta disposición, o solapamiento, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

 

Para que un funcionario deba dejar su cargo depende de varios factores: Presión política y social: La indignación pública o la presión de la oposición podían empujar a un funcionario a dimitir. Crisis de confianza: En momentos de grandes crisis, la dimisión de un funcionario podía ser una forma de restaurar la confianza o de calmar la situación política. Estrategia política: En ocasiones, la renuncia puede ser parte de una estrategia política, ya sea para proteger un partido o un líder de un proceso más severo, como el juicio político. Escasa rendición de cuentas; etc.

 

Hoy en día, la sociedad es más demandante y los medios de comunicación y las redes sociales exponen los errores y la presión social. Los mecanismos legales como el juicio político o las responsabilidades administrativas son los que determinan las sanciones formales, que pueden incluir la destitución.

 

En el caso de los cargos de elección popular, existe la “Revocación de Mandato”, en la cual, el pueblo bueno (“con el pueblo todo, sin el pueblo nada”), decide si ya no quiere soportar más corrupción, ineficiencia, omisión, opacidad, indolencia o incapacidad. Ya está sonando muy fuerte.


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