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EDITORIAL

A veces, solemos pasar por alto lo que aprendemos en la escuela desde la primaria. Actualmente son otros métodos y otras materias, pero algunas generaciones aprendíamos que el gobierno en México, desde el origen de sus instituciones, se divide en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.


Esta división es para asegurar un equilibrio de poder y evitar la concentración de autoridad en una sola entidad. Los principios de la división de poderes, son:


Poder Ejecutivo: Encargado de la administración y ejecución de las leyes.

Poder Legislativo: Encargado de crear o modificar las leyes.

Poder Judicial: Encargado de interpretar y aplicar las leyes, resolviendo 

conflictos y garantizando la justicia. 


La autonomía de esos poderes es fundamental para el buen funcionamiento de un estado democrático y para evitar la concentración de poder. Garantiza un sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder puede supervisar a los demás y prevenir abusos. Protege las libertades individuales y fomenta la estabilidad política.


La importancia fundamental de la autonomía, radica en que previene el autoritarismo. Al no estar concentrado el poder en una sola entidad, se dificulta la imposición de decisiones unilaterales y se promueve la participación de diversos actores en la toma de decisiones públicas. 


La independencia de los poderes protege las libertades individuales y evita que uno de ellos pueda interferir o restringir los derechos y libertades de los ciudadanos. También fomenta la estabilidad política, ya que un sistema de pesos y contrapesos ayuda a evitar conflictos entre los poderes y a mantener un equilibrio en la toma de decisiones, lo que contribuye a la estabilidad del sistema político. Finalmente, la autonomía promueve la eficiencia, ya que cada poder se especializa en sus funciones, lo que puede llevar a una gestión más eficiente de los asuntos públicos. 


Si bien es cierto que las cámaras de diputados se han sometido a la voluntad del ejecutivo y solo se han dedicado a aprobar todas sus iniciativas, abusando de la mayoría que se propicia exprofeso; el Poder Judicial siempre había dado muestra de autonomía e independencia, haciendo valer su apego a la ley y no dejaba pasar propuestas absurdas o anticonstitucionales.


Sin embargo, ahora con la 4T, que sometió al voto popular la “elección” de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, se corre el riesgo de que dicha autonomía e independencia se acaben y se convierta en otro brazo del Ejecutivo. Al menos las señales que se han enviado, así lo muestran. Ya veremos.


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