El pueblo mexicano, la sociedad civil, ha sido notoriamente solidario en aquellas ocasiones en las cuales se ha presentado una emergencia por algún evento catastrófico, haya sido un terremoto, como en 1985 y 2017 o por los varios huracanes que han impactado diversas regiones del país, tanto en el Caribe y el Golfo de México como en la costa del Océano Pacífico. La solidaridad ha tomado diversas formas, como son donaciones en efectivo y en especie, canalizados a organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, así como la participación directa en operaciones de rescate de personas afectadas, servicios médicos y de salud; retiro de escombros y reconstrucción.
El huracán Otis, categoría 5 en la escala Saffir - Simpson, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y rachas superiores a los 300 kilómetros por hora, impactó directamente Acapulco, causando una significativa destrucción de infraestructura urbana, de comunicaciones terrestres y aéreas, y de transmisión de electricidad, así como daños significativos en viviendas y empresas; además de la lamentable pérdida de vidas humanas y lesiones a muchos individuos. El huracán también afectó a otras zonas y comunidades rurales en Guerrero, cercanas al puerto. Como en ocasiones anteriores, la respuesta solidaria de la sociedad civil no se hizo esperar con llamados para donar artículos de primera necesidad, de limpieza y alimentos, además de donaciones pecuniarias.
Sin embargo, en esta ocasión, la sociedad se enfrentó al abierto rechazo a su participación por parte del presidente López quien, con su enfermiza inclinación autocrática al control, hizo un llamado a la población afectada a solo recibir ayuda por parte del Ejército. Inaudito y muestra, sin ambages, a un individuo egoísta que solo está interesado en el poder y la popularidad, no en el bienestar de la población. Todavía más inaudito es que, ante la negativa presidencial a la ayuda, se haya tenido que recurrir al amparo del Poder Judicial de la Federación para que el gobierno permita la participación solidaria de la sociedad civil; el México de la cuatroté.
Aunque la solidaridad de la sociedad es siempre bienvenida, es necesario reconocer que ésta normalmente es de corto plazo y que, tras los primeros días o inclusive algunas semanas, tiende a desaparecer. Y es aquí en donde adquiere especial relevancia la subsidiaridad por parte del Estado, en apoyo de las actividades privadas y comunitarias.
Existen dos formas de subsidiaridad por parte del Estado. La primera es de carácter estructural y normalmente enmarcada en políticas públicas, que tienen como objetivo incrementar el nivel de bienestar presente de un grupo específico de individuos; pero más aún, dotarlos de las herramientas necesarias, invirtiendo en su capital humano, educación y salud, para que ésta mejora sea permanente y creciente. Un ejemplo de este tipo de subsidiaridad fue el exitoso programa “Oportunidades”, el cual hacía transferencias directas al ingreso familiar, condicionado a que los niños y niñas acudiesen a la escuela y a centros de salud. Este programa, que inclusive fue adoptado en otros países, fue sin embargo cancelado sin mayor justificación por el presidente López.
El segundo tipo de subsidiaridad es el coyuntural y que se justifica en situaciones de emergencia, como es el actual caso de Acapulco y zonas aledañas. Aquí la acción estatal, garantizando de entrada la protección y seguridad de las personas y de su propiedad, se enfoca a solucionar aquellas situaciones que los agentes privados no lo pueden hacer pero que se requiere para su actuación y la interacción.
La acción del Estado se centra en tres aspectos principales en el corto plazo: garantizar el abasto de alimentos y la provisión de servicios de salud, en caso necesario cuando haya habido una destrucción significativa de viviendas; brindar servicios temporales de alojamiento y la reconstrucción la infraestructura urbana de transportes, comunicaciones, agua potable y saneamiento y eléctrica. Otra posible acción subsidiaria, dependiendo de las circunstancias específicas de la emergencia, es realizar transferencias monetarias directas a las familias que por el desastre natural perdieron, transitoriamente, su fuente de ingresos, ligando estas a programas de empleo temporal en diferentes áreas. Además, se puede establecer un programa, también transitorio, de créditos blandos a las familias y empresas así como exenciones tributarias a la inversión. Todo esto cuesta, lo que requiere obviamente canalizar recursos públicos, ya sea que estaban en algún fondo emergente (como el FONDEN, que también canceló López para usarlo en la construcción de su trenecito), utilizar presupuesto que estaba destinado a otro uso y/o emitir deuda para allegarse nuevos recursos.
El huracán afectó a una ciudad con cerca de un millón de habitantes, cuya fuente principal de empleo y de ingresos está ligada, directa o indirectamente, a servicios turísticos. Es un hecho que, aun reconstruyendo la infraestructura urbana, tardarán muchos meses en que esta actividad pueda siquiera reiniciar, y no existe aún una estimación mínimamente confiable de la cuantificación de los daños a la propiedad pública y privada, pero que seguro será de una magnitud de cientos de miles de millones de pesos.
El gobierno en sus niveles, federal, estatal y municipal, ha mostrado ser notoriamente incompetente para instrumentar una pronta y eficiente labor subsidiaria, así como para garantizar la seguridad y la propiedad de las personas. Acapulco, su población, está en graves problemas.
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