El próximo martes 8 de agosto, se conmemora una fecha casi olvidada en el calendario cívico, a pesar de que el protagonista fuera un ícono de un importante sector mayoritario de la sociedad y defensor de los campesinos: Emiliano Zapata Salazar. Nacido en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879.
También conocido como “El Caudillo del Sur”, fue uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México; estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, sus ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia, así como el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras.
Hoy día, el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Olvidado y sin representatividad. En la actual administración federal, en el campo ha aumentado, de manera constante, la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales. Asimismo, se observa un severo decaimiento en la producción de alimentos y una disminución de la cantidad de empleos. En este contexto, se ha consolidado una “erosión generalizada del campo”, siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social.
Este adverso escenario, remite a cuatro complejos procesos de deterioro socioeconómico y político del sector rural, que se han agudizado en los últimos años: Por un lado, la falta de apoyos, subsidios y políticas oficiales de desarrollo e incentivación de la actividad productiva del sector agropecuario; principalmente en comunidades indígenas, campesinos y pequeños productores. Por otra parte, las recurrentes caídas de los precios de los productos agrícolas clave –como el maíz, fríjol y café–, en los mercados nacionales e internacionales, que acentúan la inestabilidad de su producción. Además, ante las pocas oportunidades laborales que ofrece el sector rural, se consolidó una creciente migración nacional e internacional, de miles de jóvenes campesinos en edad laboral. Finalmente, la des-regulación de las actividades productivas, en el sector agropecuario, y la creciente ausencia del Estado como árbitro que regula la vida social y económica.
Lejos y enterradas, están las épocas en las que, en el marco histórico de algunos de los gobiernos posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX, y dentro del contexto de un país que concentró el grueso de su población en el ámbito rural, los campesinos, aún sin haber tenido resueltas a cabalidad sus necesidades y demandas, eran algunos de los actores claves de los cambios sociales y procesos políticos, sobre los cuales se edificó y surgió el Estado mexicano del siglo pasado.
No obstante, hoy día, los campesinos, no sólo ya no son de los grupos de interlocución privilegiados para el régimen en turno, sino que además, ahora, son vistos y tratados por diversas instituciones gubernamentales como un lastre. Más allá de los discursos y los marcos jurídicos, las políticas, en los hechos, propician el despojo y la privatización de la tierra; la desregulación económica que favorece a los grandes propietarios y a las corporaciones transnacionales; la extracción acelerada de los recursos naturales, sin miramiento de la contaminación y el impacto socio-ambiental; y, finalmente, la flexibilización de las condiciones y relaciones laborales, que ha producido la explotación de miles de jornaleros agrícolas.
Sin embargo, a pesar de todo esto, recordemos a quien exigía “Tierra y Libertad” y sostenía que “La tierra es de quien la trabaja”: Don Emiliano Zapata.
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