EDITORIAL

El asesinato de dos mujeres periodistas el lunes pasado en Cosoleacaque, se suma a la larga lista de reporteros muertos violentamente, lo que convierte a Veracruz en el estado más peligroso, del país y del mundo, para ejercer esta profesión.

La Fiscalía General del Estado informa que se inició carpeta de investigación ante los lamentables hechos en los que perdieran la vida la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera.

Con estos dos asesinatos, son siete los periodistas que han muerto de forma violenta en Veracruz en la Administración de Cuitláhuac García, quien sigue afirmando que: “en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones. Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno de Veracruz no es omiso ni cómplice…”. Tratando de disimular la grave situación en el Estado, con un serio problema con la inseguridad y que el Gobierno no hace nada.

En México, los primeros cinco meses del año, ya se superan el número total de crímenes de años anteriores. La organización Artículo 19, que ha documentado 145 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, reconoce el repunte de la violencia. Se habla de un 99% de crímenes no resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las Fiscalías durante años. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) identifica a México como el país con el mayor número de casos en total impunidad del mundo.

El alarmante clima contra la prensa en México ha llegado más allá de las fronteras del país: tanto Estados Unidos como el Parlamento Europeo han llamado al Gobierno de México a tomar medidas. “La conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”, dijo Jan Albert-Hoosten, representante del CPJ en México.

La tragedia que vive la libertad de prensa en México, y en particular con los periodistas, se debate en medio de dos frentes, básicamente: el poder político, que los amenaza y reprime ante las críticas, y el crimen organizado, que en alianza, en muchas ocasiones, con el poder político, los ataca sabiendo de que goza de una impunidad vergonzosa y rampante.

La prensa mexicana, como se ha visto, se encuentra amenazada y es tratada como el enemigo. La actitud del presidente López Obrador al criticar a la prensa y proyectar hacia ella el patrón que lo ha distinguido: clasificar entre “buenos y malos”; es riesgosa porque envía mensajes equívocos, parecería que conmina a la sociedad a agredir a los comunicadores. Se trata de una actitud peligrosa e irresponsable, porque él, como presidente, tendría la responsabilidad de cambiar el escenario en que proliferan los crímenes contra los periodistas y, por supuesto, la impunidad.

A lo menos que se enfrentan los comunicadores con las administraciones de la 4T, es a la indiferencia de los gobiernos, ya sea gobernador o alcaldes. Los representantes de los medios de comunicación son ninguneados, menospreciados e ignorados por la inexplicable prepotencia de políticos improvisados que creen sentirse que no necesitan de nada ni de nadie.