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EDITORIAL


Sin duda el lamentable caso de la chica desaparecida en Nuevo León y el trágico hallazgo de su cuerpo inerte en la cisterna de un hotel, ha causado conmoción a la sociedad, no solo en ese estado sino en todo el país, ya que el hecho es un reflejo de la cotidiana violencia e inseguridad que se vive en México.


En tres años, el Gobierno Federal pareciera que continúa soslayando su labor de proteger, cuidar y salvaguardar la seguridad y derechos, de todos y especialmente de las mujeres mexicanas, a una vida libre de violencia y, por el contrario, día con día se sigan reportando más desapariciones de mujeres y feminicidios.


Urge que las dependencias federales y estatales encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia, tomen acciones que frenen la creciente ola de violencia, de desapariciones y feminicidios. Atender esta alerta que miles de mujeres claman en las calles, de brindar seguridad, programas y atención a las víctimas de la violencia, mediante una estrategia que hasta este momento no se conoce y, si la hay, no ha dado resultados.


Por una parte, la indiferencia ante las denuncias de violencia de género, y por otra, el severo recorte de presupuesto de recursos enfocados a atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Esas decisiones han afectado y dificultan la protección integral de las mujeres, al desaparecer programas tan esenciales como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y reducir presupuesto a los refugios para mujeres víctimas de la violencia, justo cuando son más necesarios.


La percepción social es que se ha recrudecido la ola de violencia, desapariciones y feminicidios, tal vez porque el Gobierno Federal está distraído haciendo propaganda política a su favor y de su proyecto para mantener su supuesta popularidad, en lugar de atender uno de los temas que más dolor e indignación provocan.


El caso de Débanhi Escobar debe ser, más que una alerta, un llamado a la acción inmediata a los tres órdenes de gobierno y a la misma sociedad, para ofrecer soluciones de fondo a una problemática cada vez más grave debido a la presencia de grupos criminales en pueblos y ciudades de todo el país.


Es lamentable que este caso, como muchos otros, evidencian la incapacidad de la Fiscalía de Nuevo León. Las mujeres con razón se manifiestan y exigen justicia y que pare la violencia, denunciando la inacción e incapacidad de los gobiernos.


El Gobierno Federal no ha cumplido totalmente con su obligación de proveer de seguridad a todos los mexicanos, no existe una inversión suficiente en esa materia, se carecen de políticas públicas y hay una impunidad que lacera a los sectores más vulnerables, en este caso las mujeres. Por todo eso la violencia no sólo no se detiene, sino que empeora día con día, y las acciones, estrategias y recursos que el Gobierno Federal destina a proteger a las mujeres, parecen no ser suficientes.


Descanse en paz Débanhi Escobar. Que su muerte no quede impune y que sirva de reto a los gobiernos para acabar con el miedo, la inseguridad y la percepción de indiferencia e incapacidad que se han ganado a pulso.




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