Luego de darse a conocer un significativo incremento en el trasporte urbano de pasajeros, el cual se aplicó sin aviso previo, se desató una ola de indignación y protestas entre los habitantes de la región. En primer término, se dio a conocer que dicho incremento fue autorizado directamente por la gobernadora Rocío Nahle.
El incremento, que afecta tanto a las rutas locales como a las conexiones intermunicipales hacia Xalapa y las comunidades serranas, recibió el rechazo absoluto por parte de la población.
La principal queja de los usuarios de la zona no radica únicamente en el desembolso extra, sino en la disparidad entre el costo y la calidad. Diversos sectores de la sociedad civil han señalado que las unidades se encuentran en condiciones deplorables: asientos rotos, ventanas trabadas y motores que emiten nubes de humo negro, son una constante en el trayecto diario.
Luego de infinidad de expresiones de inconformidad, la gobernadora Rocío Nahle salió a decir que dicha autorización de incremento, no era generalizada, que solo se aplicará en la capital del estado.
En un mensaje directo a los concesionarios del transporte público, Nahle puntualizó que el ajuste a las tarifas del servicio es una medida vigente de manera exclusiva para la ciudad de Xalapa. Fue clara al señalar que ninguna otra región del territorio veracruzano tiene autorización oficial para incrementar sus costos.
Explicó que la decisión tomada solo para la capital y responde a que las tarifas no habían sufrido actualizaciones en más de una década; pero advirtió que esta medida no faculta a los transportistas a actuar de forma arbitraria. En este sentido, recordó que las concesiones son otorgadas por el Estado y que, ante el incumplimiento de la normatividad vigente, el gobierno cuenta con la facultad de retirarlas.
Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, Nahle García informó que ha girado instrucciones precisas a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, así como a la Dirección General de Transporte Público, para que activen operativos de vigilancia inmediata. La instrucción es actuar con firmeza ante cualquier abuso detectado para proteger la economía de las y los usuarios.
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