

9 de agosto.- Día internacional de las poblaciones indígenas
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La Cámara de Diputados aprobó, esta semana, reformas clave a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establecen la obligatoriedad de una nueva CURP con datos biométricos y la creación de la Plataforma Única de Identidad.
Este sistema, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo principal fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México, facilitando la consulta e interconexión de registros oficiales en tiempo real.
La nueva CURP biométrica será reconocida como el documento nacional de identificación oficial, de uso obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros con residencia legal. Además de los datos generales, incluirá fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica, en formatos físico y digital. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) será responsable de recabar y resguardar estos datos, en coordinación con autoridades estatales y municipales.
La Plataforma Única de Identidad estará conectada a bases de datos de salud, transporte, educación, telecomunicaciones y registros forenses, así como al Sistema Nacional de Búsqueda y al sector privado. Solo autoridades competentes, bajo control del Ministerio Público, podrán acceder a la plataforma, previa autorización legal y para fines específicos establecidos en la legislación.
La reforma, ya turnada al Ejecutivo Federal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esta reforma ha sido muy cuestionada por la oposición y por diferentes sectores ya que se teme que la CURP biométrica pueda ser utilizada para fines de vigilancia masiva, control social y represión política. Existe preocupación sobre el acceso no autorizado a las bases de datos y el posible uso de la información para fines de vigilancia. En resumen, las críticas a la nueva CURP se basan en la desconfianza hacia el gobierno y la preocupación por la protección de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
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