Al cierre del ciclo administrativo 2018-2024, el estado de las finanzas públicas en Veracruz se mantiene como un tema de intenso escrutinio. Mientras la administración saliente de Cuitláhuac García Jiménez defiende una gestión basada en la austeridad, las cifras finales revelan un panorama de contrastes entre la reducción nominal de pasivos y los compromisos financieros a largo plazo.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantienen observaciones sobre la transparencia del gasto. Al inicio de 2026, los reportes oficiales indican que: La deuda directa del Poder Ejecutivo se sitúa en 47 mil 074 millones de pesos. Existen observaciones por presunto daño patrimonial superiores a los 800 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, principalmente en proyectos de infraestructura como la remodelación del estadio Luis "Pirata" Fuente y el complejo deportivo "Nido del Halcón".
Pese a la mejora en las calificaciones crediticias por parte de agencias internacionales, Veracruz sigue figurando entre las entidades más endeudadas de México. La actual administración de Rocío Nahle enfrenta el desafío de gestionar un presupuesto donde una parte considerable de los ingresos estatales está comprometida al pago de capital e intereses de créditos que vencen hasta el año 2040.
En conclusión, el legado financiero de García Jiménez se define por una estabilización de las cuentas públicas, pero deja una estructura de pagos que condicionará la inversión en obra pública y servicios sociales durante las próximas dos décadas.
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