13 de junio de 1859 - El presidente Benito Juárez nacionaliza los bienes de la Iglesia
La decisión no surgió de manera aislada. Desde la independencia, la Iglesia había acumulado una enorme cantidad de propiedades urbanas y rurales, además de una influencia considerable en la vida pública.
Para los liberales encabezados por Juárez, esta concentración de riqueza representaba un obstáculo para la modernización del país y para la consolidación de un Estado verdaderamente independiente de los poderes eclesiásticos.
Con la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, el gobierno declaró que las propiedades de las corporaciones religiosas pasarían a ser propiedad de la nación. El objetivo era doble: reducir el poder económico de la Iglesia y obtener recursos para un gobierno que enfrentaba graves dificultades financieras en medio del conflicto armado contra los conservadores.
La medida formó parte de las llamadas Leyes de Reforma, un conjunto de disposiciones que redefinieron la relación entre la Iglesia y el Estado. Entre sus consecuencias más importantes estuvieron la secularización de la vida pública, la creación del registro civil y el establecimiento de la libertad de cultos.
Estas reformas sentaron las bases del Estado laico mexicano que, con diversos matices, sigue vigente hasta nuestros días.
Sin embargo, el decreto también provocó una profunda división nacional. Los sectores conservadores consideraron que se trataba de un ataque directo a la religión y a las tradiciones del país. Para muchos creyentes, la confiscación de bienes eclesiásticos representó una agresión injustificada.
En contraste, los liberales defendieron la medida como un paso indispensable para construir una nación moderna, con instituciones civiles fuertes y menos dependientes de los privilegios corporativos heredados de la época colonial.
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