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Sin avance en el orden del comercio informal

  • 17 abr
  • 2 min de lectura

No obstante que el acalde, Jorge Ignacio Luna, en repetidas ocasiones ha reiterado en sus ‘mañaneras’, que se trabaja con esmero en el control del comercio informal que invade las áreas públicas del centro de este Pueblo Mágico; lo que el ciudadano percibe es que el desorden continúa y no se aprecia una pronta solución.

 

Caminar por las banquetas de las calles aledañas al Parque Miguel Hidalgo y a la parroquia San Jerónimo, se ha vuelto, según testimonios de los viandantes, una "carrera de obstáculos". Puestos de fruta, ropa, artesanías y diversos productos obstruyen el libre tránsito obligando, a veces, a los peatones a descender al arroyo vehicular, poniendo en riesgo su integridad física ante el paso de los automóviles.

 

Por su parte, el sector comercial formal, señala una competencia desleal. Mientras los negocios establecidos cumplen con el pago de impuestos, rentas, salarios y servicios, los vendedores ambulantes operan sin estas cargas financieras, ocupando espacios que, por derecho, pertenecen a la ciudadanía.

 

Empresarios locales advierten que esta imagen de desorden afecta la percepción y la experiencia de los turistas, quienes visitan Coatepec buscando la estética colonial y la tranquilidad que caracteriza a esta zona de Monumentos Históricos.

 

 

La movilidad se ha visto gravemente reducida por la obstrucción de banquetas y rampas para personas con discapacidad. A esto se suma un problema de higiene, derivado de la acumulación de desechos orgánicos y plásticos al finalizar cada jornada comercial.

 

La pregunta que resuena en las calles de Coatepec es clara: ¿Cuándo se aplicará el reglamento de comercio? A pesar de las constantes promesas de reubicación por parte de las autoridades municipales, el número de puestos parece ir en aumento en lugar de disminuir. ¿Es necesaria una consulta para actuar?

 

Hasta el momento, la Dirección de Comercio no ha presentado un plan concreto de reubicación que satisfaga tanto las necesidades económicas de los vendedores ambulantes, respetando sus derechos, pero priorizando el derecho de los ciudadanos al espacio público. 


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