Salida fácil ante la crisis periodística en Veracruz

La propuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, respecto a la crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores en la entidad ha encendido las alarmas por su alarmante simplismo.

Ante la exigencia de un sector de la prensa que demanda acciones concretas y efectivas, la mandataria estatal amagó con la posibilidad de desaparecer la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP).

Esta postura evoca otros polémicos dichos de la funcionaria, como cuando atribuyó el fallecimiento de una mujer secuestrada en el norte del estado a un susto y no a la violencia sufrida, lo que refleja una preocupante ligereza para abordar las problemáticas de seguridad pública en la región.

La CEAPP nació en septiembre de 2012 bajo el cobijo de una ley mal estructurada y un diseño institucional deficiente, impulsada por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien hoy purga una condena en prisión por delitos graves.

Desde su origen, analistas y periodistas advirtieron sobre las debilidades presupuestales, técnicas y operativas que arrastraría el organismo, así como su falta de capacidad política para actuar. A más de trece años de su creación, el tiempo ha confirmado que la comisión carece de herramientas para realizar evaluaciones de riesgo eficientes y que las dependencias estatales, en especial la Secretaría de Seguridad Pública, muestran una constante renuencia a acatar sus recomendaciones de protección. La desconfianza de las víctimas en los cuerpos policiales locales y estatales agrava la situación, ya que estas corporaciones suelen estar coludidas con los agresores o se convierten ellas mismas en los propios victimarios.

El diseño del organismo también compromete su autonomía, puesto que las personas comisionadas que deberían representar de forma independiente a sus pares regionales perciben un salario público que las transforma en servidoras del Estado. A pesar de costar millones de pesos al erario, este modelo de gestión ha sobrevivido sin cambios sustanciales a través del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes y de las administraciones morenistas de Cuitláhuac García y la propia Nahle García, periodos caracterizados por una constante virulencia y descalificación hacia la labor de la prensa.

Bajar la cortina de la CEAPP representaría una evasión de responsabilidades por parte del Ejecutivo estatal. En lugar de optar por el camino fácil de la desaparición, la administración estatal debería convocar a expertos para reformar el marco jurídico del organismo, robustecer las políticas públicas de protección y asegurar que tanto el Estado como los municipios asuman su obligación primaria de garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Veracruz.