La muerte de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de 62 años, tras ser secuestrada en Álamo Temapache, ha generado un profundo escándalo nacional y aguda controversia política. Hernández fue secuestrada el 18 de julio por negarse a pagar una cuota de extorsión exigida por un grupo criminal.
Luego de varios días desaparecida, su cuerpo fue hallado en un rancho y presentó múltiples signos de violencia. Se divulgó un video, donde, rodeada por hombres armados, exigía a otros taxistas pagar las extorsiones para evitar su destino.
El escándalo se desata cuando, en conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle defendió que la causa de muerte fue un infarto, como lo determinó la necropsia, aunque admitió que la víctima “fue violentada” antes de morir. “Les guste o no les guste... no voy a hacer escarnio, no es ético”, declaró, responsabilizando a medios de comunicación por, según ella, convertir la tragedia en un “escándalo mediático” y acusándolos de maximizar los índices de violencia en Veracruz.
Las declaraciones de Nahle han exacerbado la indignación social y política, nacional e internacional, pues organizaciones civiles y usuarios en redes consideran que se está minimizando la gravedad del crimen y desviando la atención del trasfondo de violencia y extorsión que afecta al estado. La presidenta Sheinbaum reconoció públicamente el caso como un homicidio y urgió el esclarecimiento de los hechos.
El caso no solo expuso la vulnerabilidad de los trabajadores del volante en Veracruz, sino que avivó el debate nacional sobre la capacidad y sensibilidad del gobierno estatal ante la violencia criminal y la respuesta institucional ante tragedias de alto impacto social.
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