Tras años de disputas legales, operativos de retención de vehículos y tensiones constantes con el gremio de taxistas tradicionales, el Gobierno del Estado de Veracruz ha dado un giro definitivo hacia la regularización del transporte privado a través de aplicaciones.
La administración estatal, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, confirmó que este mes se enviará formalmente al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para integrar al marco legal la operación de empresas como Uber, DiDi e inDrive.
Esta medida busca establecer lo que las autoridades denominan un piso parejo en el sector de transporte de pasajeros. El proyecto contempla que las compañías transnacionales tengan la obligación de pagar impuestos específicos en la entidad, lo que equilibrará la carga fiscal que actualmente sostienen los concesionarios de taxis tradicionales. Asimismo, el esquema normativo obligará a las aplicaciones a someter a sus unidades particulares a revisiones físicas y mecánicas de manera periódica, garantizando que cumplan con los estándares de circulación vigentes.
El eje central de la propuesta regulatoria es la seguridad de los usuarios, una de las mayores preocupaciones debido al vacío legal en el que operaban estas alternativas tecnológicas dentro del territorio veracruzano. Con el nuevo reglamento, se implementarán mecanismos de supervisión estrictos para identificar plenamente a los conductores. De este modo, las plataformas digitales deberán asumir una responsabilidad jurídica y directa sobre las personas que prestan el servicio a través de sus sistemas, asegurando que existan filtros confiables de contratación y monitoreo en tiempo real.
Por su parte, el gremio de taxistas concesionados ha manifestado una postura de cautela y diálogo. Si bien diversos líderes transportistas expresaron estar de acuerdo con la aplicación de un orden normativo y fiscal que frene la competencia desleal, también han exigido formalmente que se suspendan las operaciones de las aplicaciones móviles hasta que la ley sea aprobada y publicada oficialmente.
Además, los representantes de los taxistas tradicionales solicitaron que la discusión legislativa incluya la actualización de las tarifas del servicio convencional y mesas de trabajo regionales para evaluar el impacto económico que esta apertura tendrá en las distintas zonas del estado.
