El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que establece penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito. Además, se habilitó la posibilidad de realizar denuncias anónimas a través del número telefónico.
Durante la discusión, las bancadas de Morena, PVEM, PT y MC en San Lázaro aprobaron una reserva que reduce las sanciones para servidores públicos encargados de prevenir, investigar y perseguir delitos, impartir justicia o custodiar centros penitenciarios, que no denuncien actos de extorsión ante el Ministerio Público. La iniciativa presidencial proponía penas de 10 a 20 años, pero con la modificación se establecieron penas de cinco a 12 años para estos funcionarios.
La ley establece una pena básica de seis a 15 años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (equivalente a 56,570 pesos) para quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o lucro.
Además, contempla 34 agravantes agrupadas en tres categorías con sanciones más severas. Por ejemplo, en casos de cobro de “piso” o cuando la extorsión afecte a quienes realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras, o de servicios públicos o privados, las penas pueden aumentar hasta una tercera parte, es decir de ocho a 20 años de prisión.
Comentarios