En Veracruz, el uso creciente de drones para la fumigación de cultivos como caña, maíz, limón, plátano y otros, con productos altamente tóxicos, representa una amenaza silenciosa para la fauna, la flora, las personas y las fuentes de agua en la región.
Esta práctica, que ha ganado popularidad por su eficiencia y menor costo, está generando una contaminación preocupante que se suma a los problemas ambientales existentes. La dispersión aérea de agroquímicos mediante drones provoca daños directos en la biodiversidad local, afectando insectos benéficos, aves y plantas nativas.
Además, las corrientes de agua se contaminan con residuos químicos, poniendo en riesgo el suministro de agua potable y la salud de las comunidades rurales. La población expuesta a estas fumigaciones reporta problemas respiratorios, irritaciones y otros efectos adversos.
A pesar de la gravedad de la situación, no se observa una reacción adecuada por parte de los organismos responsables de la regulación ambiental y sanitaria en Veracruz, ya que no existen inspecciones rigurosas ni sanciones efectivas para controlar el uso indiscriminado de estos productos tóxicos ni para supervisar la operación de drones en el campo. Esta omisión incrementa la vulnerabilidad del medio ambiente y la salud pública.
Expertos y activistas hacen un llamado urgente para establecer normativas claras que regulen el uso de drones en la agricultura, limitando la aplicación de químicos peligrosos y promoviendo alternativas más sostenibles. También insisten en la importancia de crear conciencia entre los productores sobre los riesgos y en fomentar prácticas agrícolas responsables que protejan el equilibrio ecológico y la salud de la población.
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