El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un mensaje en su cuenta de X, aunque no especificó los nombres. Sin embargo, se ha confirmado que los ministros que dimitieron incluyen a la ministra presidenta, Norma Piña, así como a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
Estos ministros manifestaron su desacuerdo con la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, argumentan, afecta la independencia del Poder Judicial. En contraste, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, cercanas al proyecto de la Cuarta Transformación, han mostrado su disposición a participar en la elección de nuevos ministros en el primer domingo de junio de 2025.
Además, un grupo de magistradas de Circuito presentó su renuncia a la elección extraordinaria de junio de 2025, entregándola personalmente a Fernández Noroña tras un breve retraso debido a restricciones de acceso en el Senado. Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, justificó su decisión afirmando que las condiciones actuales no garantizan una justicia independiente y ética.
López Benítez añadió que “estas reglas del juego con jueces a modo, serviles al oficialismo, no son el camino para quienes han seguido una carrera judicial con principios”. Señaló que la falta de imparcialidad impactará a la sociedad mexicana, que depende de un sistema judicial ético y profesional.
La consejera también alertó sobre los riesgos laborales que la reforma presenta para empleados del Poder Judicial, especialmente para las mujeres, al limitar su desarrollo profesional. La consejera subrayó que más de 55 mil empleados del Consejo de la Judicatura, muchos de ellos en cargos de confianza, podrían ver afectadas sus carreras. La reforma, concluyó, pone en peligro la estabilidad laboral y el crecimiento profesional dentro del Poder Judicial, generando incertidumbre entre los servidores públicos que han dedicado décadas a la carrera judicial.
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